Guía La Educación como Derecho Humano: Fundamentos de la libertad de educación

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Por todo esto es muy importante seguir trabajando en los centros educativos los Derechos Humanos, convertirlos en uno de los ejes transversales de toda la enseñanza y de la organización de los centros y vincularlos directamente con el trabajo y promoción de la convivencia positiva. Para llevar a cabo este trabajo puede servirnos de orientación lo que establece el artículo O, lo que es lo mismo, facilitar toda la información necesaria para conocer a fondo su historia, el procedimiento de elaboración, cómo se han desarrollado posteriormente a través de pactos y convenciones, en qué consiste su obligatoriedad, etc.

Falta información sobre ellos, son muy desconocidos y la eliminación de asignaturas como Educación para la Ciudadanía ha contribuido a reforzar esta ignorancia. Es necesario, por tanto, romper esta situación de desconocimiento, la falta de información, y que nuestro alumnado conozca a fondo todo lo relativo a los Derechos Humanos.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Pero esto no es suficiente. Es necesario, en segundo lugar, educar PARA los Derechos Humanos, formar personas activas en su defensa, desarrollo e implantación, personas que no sólo los conozcan, sino que quieran trabajar por su extensión, personas motivadas para denunciar y movilizarse activamente en caso de incumplimiento o transgresión. Se trata de conseguir que nuestros alumnos y alumnas, como ciudadanas y ciudadanos, quieran y sepan trabajar por la extensión de los Derechos Humanos. Para ello es imprescindible una educación de los Derechos que, superando el mero conocimiento e información académica, movilice desde la emoción al alumnado y logre comprometerlo en el desarrollo y extensión de los mismos.

Esto sólo es posible desde la educación EN los Derechos Humanos, en la creación de un entorno educativo que los respeta y promueve y que ha hecho de ellos su principal criterio organizativo, desarrollando un enfoque basado en derechos. Lo anterior, tiene su fundamento en la obligación del Estado de garantizar el derecho de los padres a la libertad de elección de los centros educativos que presten educación obligatoria, para lo cual necesariamente deben existir centros educacionales diferentes, plurales y ajenos de aquellos pertenecientes a la organización administrativa estatal.

El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa

De este modo, se puede decir que el derecho a la educación presenta una vertiente de libertad que busca garantizar la existencia de distintas propuestas educativas, para cubrir las diferentes necesidades de aprendizaje de los educandos, e impedir que se genere un monopolio educativo en manos del Estado, lo cual claramente no comulga con el texto ni con el espíritu de la Carta Fundamental No se puede hablar de educación en sentido propio, de educación real y auténtica, a menos que ésta cumpla con la condición de perfeccionar todas las manifestaciones de la naturaleza humana, reconociendo el sentido globalizante y plenario de la educación, pues conviene al hombre entero, y no a una parte o un aspecto aislado de él En este sentido, en materia educativa, el legislador desdobla el sujeto pasivo de la relación jurídica de subvenciones.

En primer lugar, regula al sostenedor educacional en calidad de destinatario, esto es, en calidad de un mero recipiendario material de la ayuda estatal, que en principio, no obtiene ventaja alguna de ella. Y en segundo lugar, reglamenta al beneficiario, quien recibe en definitiva la ayuda, en vista a la conexión o vinculación que tiene con la actividad ayudada Como hemos señalado, el titular primario del derecho a la educación es el educando, quien puede ejercer directamente este derecho, si tiene la edad y las condiciones físicas e intelectuales para ello.

Bajo este entendido, se concibe el derecho a la educación como un derecho esencialmente personal, que emana de la naturaleza humana, propio y exclusivo de quien busca educarse y aprender. En consecuencia, aunque los padres deleguen el ejercicio de su derecho a enseñar a los hijos, no se entiende por esa sola circunstancia enajenado su derecho preferente, por cuanto, es un derecho inalienable y los padres siguen siendo responsables que sus hijos se instruyan efectivamente. En efecto, es una preferencia de la cual gozan los padres en relación con toda la comunidad nacional, incluyendo a los grupos intermedios y el Estado Materialmente, los padres cumplen con este derecho-deber, principalmente, en la primera etapa de la vida de sus hijos, dentro del seno de la familia, mediante la educación doméstica, la cual es anterior a la educación preescolar, es decir, previa a todo tipo de educación institucionalizada u oficial.

No obstante, es preciso tener presente, que esta facultad de elección es una manifestación del deber de los padres de educar a sus hijos, lo que a su vez, es correlato del derecho de los hijos a ser educados Sin embargo, se trata de un derecho que tiene condiciones bastantes particulares, pues entre los padres y los hijos no existe propiamente un derecho, por no existir alteridad, pues el hijo es algo del padre. Por lo tanto, el derecho de los hijos a ser educados por sus padres no es propiamente un derecho con respecto a éstos, sino respecto de otras personas que pudieran interferir y dificultar dicha educación La importancia de la preponderancia del derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos, queda reflejada en el énfasis dispuesto por el Constituyente al señalar que, el Estado debe dar especial protección al ejercicio de este derecho, por ser especialmente valioso y digno de ser protegido.

Por eso, se ha señalado que esta obligación es especial entre todas las obligaciones del Estado, es decir, que debe cumplirse en forma cuidada y estricta para que el ejercicio del derecho sea eficaz. Sin embargo, ello no quiere decir que entre los llamados a preservar el derecho, el lugar primordial le corresponda al Estado, pues no existe un monopolio estatal para la apertura de establecimientos educacionales Esta especial protección, implica la obligación del Estado de establecer las condiciones materiales que permitan el acceso de los educandos, o en su caso, de sus padres a los establecimientos educativos que libremente hayan elegido, así como, el derecho a mantenerse en el centro educativo, en la medida que los educandos cumplan con los preceptos y las obligaciones del ordenamiento educacional El mismo precepto, establece un deber correlativo del Estado de promover y garantizar el ejercicio de este derecho a los padres, tutores, hijos y pupilos, cualquiera sea el establecimiento educacional elegido.

Para hacer efectiva la obligatoriedad de la educación primaria, dicha ley disponía la creación de escuelas fiscales, para proveer educación primaria a los niños, y educación complementaria a los adultos. Adicionalmente, imponía a las municipalidades la creación de escuelas primarias elementales. Cabe señalar, que la obligatoriedad de la educación escolar, tiene su fundamento en el propio derecho a la educación reconocido constitucionalmente, que establece el derecho a educarse -libertad de aprendizaje- de todas las personas para alcanzar su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida.

En otras palabras, todos tienen el deber de educarse, al menos, en los aspectos mínimos, y por lo tanto, todos tienen, también, el derecho a ser educados en ese mínimo, por cuanto, sin esa base educativa esencial, la participación en la vida nacional en igualdad de oportunidades, se vuelve impracticable. De este modo, la obligatoriedad de la educación escolar implica una garantía para el pleno desarrollo de la personalidad del educando, y un beneficio para toda la comunidad.

Bajo este entendido, la titularidad del sujeto pasivo de la educación obligatoria se relaciona, por una parte, con aquellos particulares que ejercen la actividad educativa, mediante el ejercicio de una de las facultades de la libertad de enseñanza, esto es, mediante la creación, organización y mantención de centros educacionales.

En otras palabras, existe un derecho fundamental de acceso a la educación, lo cual implica la incorporación de los titulares del derecho a la educación a las escuelas o establecimientos educativos, por ende, el Estado no podría establecer la obligatoriedad de la enseñanza en la educación formal, si no garantiza efectivamente las condiciones materiales mínimas y necesarias para el cumplimiento de tal obligación En efecto, toda limitación o restricción debe ser adecuada y proporcionada, por lo tanto, no debe superar los límites impuestos por la ponderación y la razonabilidad El derecho de elegir un establecimiento educacional guarda una estrecha relación, con la libertad de aprendizaje del educando y con el derecho-deber pre ferente de los padres de educar a sus hijos, extendiéndose a las distintas etapas de la vida de los hijos, y se materializa cuando por circunstancias de edad, los hijos dejan de recibir la educación en el seno familiar, y deben necesariamente asistir a un establecimiento educacional, libremente elegido por los padres, para recibir la educación correspondiente Cabe hacer presente, en este sentido, que en la libertad de enseñanza aquél que aprovecha sus beneficios no es quien ejercita dicha libertad, sino el educando que recibe la enseñanza.

De este modo, el derecho a elegir un maestro o profesor reside en el padre de familia, pues es una emanación del conjunto de facultades y obligaciones que nuestra legislación denomina patria potestad. En efecto, no hay libertad de enseñanza si no se respeta el derecho del padre para escoger el maestro que ha de enseñar a sus hijos Se trata de una dimensión esencial del derecho a la educación, estrechamente relacionada con la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en suma, con la libertad ideológica A su vez, este derecho se encuentra regulado en el artículo Los investigadores de la educación podemos contribuir a su cumplimiento efectivo con investigaciones pertinentes.

Derechos sociales. Instrucciones de uso, México: Fontamara.

¿Qué son los derechos humanos?

Abramovich, Víctor y Courtis, Christian Ayala, Carlos Bolaños Guerra, Bernardo Cantón, Octavio Coomans, Fons a. Coomans, Fons b. Identifying the key elements of the right to education: A focus on its core content, University of Maastricht mimeo. CNDH De la Cruz Ochoa, Ramón Los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Defensoría del Pueblo Colombia Díaz Estrada, Jorge Humanity in the making.

INEE Madrazo, Jorge y Beller, Walter Muñoz Izquierdo, Carlos Office of the High Commissioner for Human Rights ONU Pallares Yabor, Pedro de J. Paoli, Francisco José Pérez Murcia, Luis Eduardo Un modelo de indicadores para monitorear y evaluar el disfrute del derecho a la educación", en Pérez Murcia, L.

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Singh, Kishore Stavenhagen, Rodolfo Tomasevski, Katarina a. Tomasevski, Katarina b. Tomasevski, Katarina The State of the right to education worldwide. Free or fee. Torres, Rosa María Villalba Vargas, Reinaldo a.


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Villalba Vargas, Reinaldo b. Toda persona tiene derecho a la educación.

La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien el DE no fue incluido en ella, su protocolo facultativo, llamado Protocolo de San Salvador , subsanó esta carencia arts. La aceptabilidad al fondo y forma de la educación y a su pertinencia cultural y lingüística.

La adaptabilidad a la flexibilidad de las formas de educación ofrecidas, para adaptarse a los diversos contextos. Debe señalarse, sin embargo, que desde se han hecho esfuerzos para elaborar un protocolo optativo del PIDESC, con el fin de que el Comité de los DESC pueda [también] examinar las quejas individuales. Así es también en inglés y francés: right to education; droit à l'éducation.

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Por otra parte, hay que señalar que el empleo del lenguaje en muchos programas y reglamentos da pie a ambigüedades jurídicas cuando esos documentos se toman como base para urgir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. En todos estos casos ha prevalecido el DE de estos niños sobre la pretensión del Estado de exigir estos homenajes o de inculcar determinados valores a los alumnos. Entre las estrategias no hay que olvidar la elaboración de informes alternativos sobre la situación de los derechos humanos; un ejemplo, en México, es el que publica anualmente el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, OP, AC Ver también la ponencia de este autor presentada en un seminario en Quito organizado por LARNO en Pérez Murcia, y otro artículo de en el que amplía algunas de sus ideas.

Servicios Personalizados Revista. Similares en SciELO. Abstract This essay, in addition to offering information on the evolution of the right to education at the international level, and the way this right is established in Mexico's legislation, examines two particular aspects: on one hand, its enforceability and the problems faced; and on the other hand, the relation educational policy should have with the right to education, given that this right is based on the state's obligations in education. Introducción Por años consideré que el derecho a la educación DE era un tema relativamente marginal en la investigación educativa, un tema especializado del que debían ocuparse los juristas para mejorar las disposiciones legales.

Al respecto, son muy importantes las siguientes observaciones 12 sobre la calidad de la educación, por lo cual me permito citarlas in extenso: [ Un autor Cantón, XVII señala esta complejidad de la justiciabilidad de los derechos sociales, afirmando que: [ Esta conclusión crítica la comparte otro especialista De la Cruz, respecto a la exigibilidad de los DESC en general: Existen instrumentos jurídicos procesales desarrollados universalmente, los cuales, de una forma u otra, tratan de dar respuesta a la E de los DESC.

Indice estatal del cumplimiento de los derechos humanos Se trata de una propuesta de la CNDH, lanzada en , orientada a identificar y definir la situación que guarda la vigencia de los derechos humanos en las entidades federativas, desde la perspectiva de promover la armonización legislativa nacional con instrumentos internacionales.


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Sistema de seguimiento y evaluación de la política educativa en Colombia En este país, la Defensoría del Pueblo equivalente a nuestra CNDH ha elaborado un sistema muy completo de seguimiento y evaluación de la política educativa, precisamente a partir del DE [Defensoría del Pueblo Colombia , ]. Destacar un grupo de indicadores relativos al cumplimiento de los "mínimos" del DE Por otra parte, convendría crear un subconjunto de los principales indicadores relativos a los contenidos esenciales o mínimos del DE, lo que permitiría enfocar el seguimiento y el monitoreo expresamente hacia su justiciabilidad; esto facilitaría y reforzaría asimismo las denuncias de violaciones en casos particulares.